No queremos limosnas

Por Juan Antonio Blanco

Así declaró Fidel Castro en una Reflexión sobre las recientes medidas humanitarias de Obama. Tiene mucha razón: los cubanos no queremos limosnas.

Vale la pena, entonces, destacar las limosnas que rechazamos y lo que demandamos incondicionalmente del gobierno cubano.

No queremos que “flexibilicen gradualmente” las normas migratorias y de viajes. Demandamos la supresión de los permisos de entrada y salida del país, el derecho a migrar y retornar libremente, la liberación de los parientes que tienen de rehenes sin permitirles la reunificación familiar y el cese de todas las represalias contra los que desean migrar hacia el exterior o dentro de Cuba.

No queremos que nos “autoricen” a mantener contactos con nuestros familiares. Demandamos la abolición del pago de trámites para ir a nuestro propio país, el reconocimiento del uso de pasaportes de aquellos países donde somos ciudadanos, la reducción de tarifas telefónicas y de los impuestos sobre remesas, las cuales son las más altas del Hemisferio Occidental y de las más caras del mundo.

No queremos que se amplíe “gradualmente” el uso “social” de Internet. Demandamos ejercer el derecho a acceder a la red de redes mundial –no al controlado Intranet- sin “filtros”, pagando en moneda nacional y desde cualquier parte del territorio nacional, incluyendo los hogares.

No queremos que se entreguen tierras en “usufructo” por diez años, donde no se puede residir para labrar la tierra. Demandamos una verdadera reforma agraria que entregue los latifundios estatales improductivos a quienes los hagan producir.

No queremos “autorización” para adquirir celulares y acceder a hoteles. Demandamos que la moneda nacional sea una sola y que los precios de esos y todos los servicios se correspondan con los niveles del salario medio y su poder adquisitivo.

No queremos una política informativa “más critica y abierta”. Demandamos el libre acceso a todas las fuentes de información por medio de la TV satélite e Internet y el derecho a diseminar criterios e informaciones por esas vía y en la prensa nacional sin esperar ser reprimidos por ello.

No queremos que el Partido y el Estado nos “autoricen” cada cierto número de años a decir lo que pensamos sin temer represalias. Demandamos la inmediata e incondicional cancelación de toda la legislación represiva que tipifica como delitos contra la seguridad del Estado y como “propaganda enemiga” y “diversionismo ideológico” la expresión de cualquier criterio que no sea del agrado de los funcionarios.

No queremos “canjes” de presos por conveniencias políticas. Demandamos la revisión de todas las leyes y decretos vigentes -a la luz de los estándares establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos sobre Derechos Políticos y Civiles y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales-, acompañadas de una revisión de todas las sanciones contra personas que, habiendo sido acusadas de delitos comunes o políticos no han cometido crimen alguno a la luz de esas normas, por lo que deben ser liberadas, cancelados sus antecedentes penales y compensadas por la arbitrariedad cometida en su contra.

No queremos que el Estado nos siga prometiendo que va a mejorar los empobrecidos niveles de vida que hoy sufrimos. Demandamos que nos liberen de las leyes que impiden al ciudadano tomar iniciativas económicas personales o familiares para su autosostenimiento y que a la vez provean productos y servicios al resto de la sociedad.

No queremos que el gobierno siga prometiendo reponer las pérdidas y reconstruir las viviendas a los damnificados de los ciclones. Demandamos que se respete su derecho a recibir ayuda directa de cualquier país, institución o persona que desee prestársela.

La lista no es exhaustiva, pero de ella se deriva una conclusión simple. Los pasos dados la pasada semana por la Administración Obama son concretos y benefician de manera instantánea a millones de cubanos, mientras que los pretendidos “cambios” que se asocian a Raúl Castro se han producido a cuenta gotas por casi tres años, y constituyen hasta hoy inaceptables limosnas ofrecidas al ciudadano de a pie en la isla.

Estas son algunas de las demandas soberanas del pueblo cubano. A diferencia del levantamiento del embargo, no dependen de discusiones y decisiones de un parlamento extranjero. Tampoco de “gestos” de nadie. Esperan apenas por el acatamiento de la voluntad popular de parte del gobierno que pretende representarla.

Apoyar esas exigencias -en lugar de mendigar o agradecer limosnas- es un servicio a la defensa de la soberanía nacional. En defensa del único legitimo y genuino soberano que es el pueblo cubano.

El serrucho del saboteador

Por Juan Antonio Blanco

Existen quienes serruchan la mesa antes de sentarse en ella. Son los que enmascaran el sabotaje a cualquier acuerdo posible e inmediato que conduzca a la solución de un conflicto bajo la imagen de que abrazan los más caros principios y objetivos del grupo al que pertenecen. Para ellos lo más importante es impedir, empantanar o descarrilar el proceso desde el inicio. Conscientes de la pérdida de legitimidad que ante la opinión publica -y muchos de sus propios seguidores- supondría oponerse a toda conversación, diálogo o negociación, dicen estar abiertos a esas opciones, pero buscan el modo de hacerlas imposibles o de garantizar su fracaso.

Estos aguafiestas (spoilers) están siempre presentes en cualquiera de los bandos en pugna. Son instituciones o personas que consideran que sus intereses están mejor resguardados con la prolongación del conflicto que con avanzar hacia su solución. Anteponen sus intereses individuales a aquellos del grupo que dicen representar. Para silenciar entre sus propios seguidores las voces que insistan en buscar salidas al conflicto, se apropian de los sacrificios pagados por el grupo (“¿qué le vamos a decir a nuestros mártires si ahora cedemos en esto o aquello?”). A ese pretendido “principismo”, -enarbolado de manera hipócrita en función de intereses que no responden a los de todo el grupo, sino a los de los propios saboteadores-, agregan una alta dosis de maximalismo (“para hablar de cualquier cosa o llegar a cualquier acuerdo, primero el enemigo debe deshacer, de manera íntegra e incondicional, todo lo que consideramos nos perjudica”).

Los saboteadores de todo diálogo saben que el modo de poner en marcha un proceso gradual de desmontaje de cualquier conflicto es iniciarlo abordando cuestiones específicas, factibles de solución. Las partes nunca podrán avanzar en nada si declaran que sin la previa, total e incondicional, capitulación definitiva de uno u otro bando no es posible siquiera conversar. Es por ello que esa es una de las tácticas favoritas de los saboteadores.

Cuando honradamente se desea explorar la posibilidad de poner fin a una confrontación prolongada, lo primero que se impone es hacer la lista de cosas posibles de ser resueltas en breve plazo (los llamados doables). El listado se ordena según la complejidad que el tema plantea para su abordaje e inmediata solución. Primero se discuten las cosas más sencillas y luego se avanza hacia las complicadas. Cada asunto abordado y resuelto de ese modo genera confianza adicional entre las partes y una dinámica que incita a ampliar el listado de doables avanzando de ese modo hacia la definitiva superación del conflicto. Pretender otorgar prioridad a los asuntos más espinosos o de difícil solución a corto plazo, ha sido siempre una estrategia del saboteador.

Una nueva Administración, que prioriza la diplomacia y el diálogo sobre la fuerza y la confrontación, ha arribado a la Casa Blanca. Entre los grupos del exilio y la oposición interna las posturas no violentas, favorables a soluciones negociadas, pasan a primer plano. Y el pueblo cubano se ha pronunciado alto y claro a favor de una reforma revolucionaria de la sociedad cubana que, para serlo, ha de ser radical, libertaria, inclusiva y democrática. Sería deseable que en La Habana no continuara predominando la lógica preconizada hasta ahora por el Saboteador en Jefe y su microfracción de inmovilistas. Evocando a Lennon, podría afirmarse que hay que dar un chance a la paz…y la properidad del país. Ya es hora.

¿Represión clandestina o miedo a los derechos?

Por Dagoberto Valdés Hernández

En Cuba está ocurriendo un fenómeno muy interesante de inversión de roles y métodos de trabajo en la escena cívica y política.

En efecto, a lo largo de los cincuenta años que ha durado este sistema me parece que los papeles se han trastocado e invertido las formas de ser, de pensar y de actuar de cubanos y cubanas de una y otra opción política, de una y otra forma de pensar. Se ha cambiado paulatinamente, casi imperceptiblemente los modos de proceder, los estilos, los desempeños.
Personalmente, tengo la experiencia, mucho más vivida y sufrida por cientos de miles de compatriotas. Así pudiéramos hacer más consciente ese cambio del que no he escuchado ni leído mucho.

Al principio, y hasta hace muy poco, las instituciones que tienen, en cualquier lugar del mundo, la misión de cuidar del orden interior y reprimir lo que consideran manifestaciones de indisciplina social o las expresiones de disidencia y oposición política, lo hacían de forma predominantemente explícita, lo que no quiere decir que no utilizaran siempre y hasta hoy los métodos tradicionales de trabajo encubierto. Lo que predominaba era que esos agentes se presentaban con sus respectivos uniformes, citaban por escrito y con membrete y cuño. Lo hacían para los locales que ocupan los organismos de la policía política. Se presentaban mostrando su carnet, aunque fuera furtivamente, pero se sentían en la obligación formal de hacer todo este proceder. Levantaban acta con lenguaje directo, citando leyes y artículos, la daban a leer antes de solicitar la firma, presentaban órdenes de registro y otros procedimientos legales explícitos. Independientemente de que fueran justos o injustos según las leyes impuestas. No es a este punto que me refiero en este artículo.

Ahora, desde hace un tiempo, todo eso sigue, pero se ven con más frecuencia otros métodos que se van haciendo como si fueran normales y comunes y legales y aceptables: No generalizamos, pero resulta muy interesante ver cómo son agentes de la Policía Nacional los que citan, o los que detienen, o los que disuelven un grupo de pocas mujeres que se sientan pacíficamente en un parque a solicitar sus derechos. Luego, si hay cita, se usa el mismo membrete de la PNR y no el de los órganos de seguridad, si es que no se envían en pedazos de papel sin membrete, ni formato, ni cuño. En ocasiones la cita es solo verbal, como una “invitación a conversar”. Ya sé que eso ha sido siempre, pero noto que crece su proporción y se acepta como normal.

Por otra parte, se cita para estaciones de la policía, oficinas del carnet de identidad, centros de trabajo o se realiza en un parque, bajo un árbol, o en el mismo centro de trabajo, estudio o en las casas de los citados. Los agentes no llevan uniforme, ni identificación, ni enseñan carnet, ni siquiera dicen su nombre completo, y si lo hicieran, se permiten decir: “soy Juan” (recuerdo a Juanito, el que me “atendía” en el pre universitario). Luego no hay ningún documento, ni se dan las decisiones por escrito, ni se permite dialogar o debatir como se hacía durante horas en otros tiempos. No se citan las leyes, ni los artículos. No queda ni rastro de un procedimiento que parece ser informal, pero obliga. Parece ser por partede civiles, pero es ordenado o ejecutado por militares.

Antes la disidencia era predominantemente silenciosa, anónima, clandestina, subterránea…

Ahora toda la oposición dentro de Cuba es transparente, abierta, dando el rostro, nombres, apellidos, dirección particular, centro de trabajo o estudio y teléfono, si se tiene. La disidencia se expresa francamente, a la luz del día, en los medios de comunicación al alcance, en la misma voz de sus autores, se firman los artículos, se ilustran las entrevistas con fotos de los disidentes. La sociedad civil en Cuba, ha salido de las catacumbas y lo ha hecho con sus dos “armas” fundamentales: la transparencia y los métodos pacíficos. Nada queocultar, fuera la paranoia. Todo a la luz.

La oposición y la disidencia, los miembros de la sociedad civil dentro de Cuba no usan anónimos, mientras que las más serias instituciones del Estado reconocen los anónimos como denuncias para abrir investigaciones, los presentan como documentos en reuniones públicas y formales. Le dan crédito y son usados como pretexto (pre-texto y con-texto) y arma para atemorizar, reprimir y castigar. Este mundo está al revés. ¿Cómo es posible que funcionarios en ejercicio de su cargo se presenten con un anónimo en un país donde se dice que existe una legalidad? ¿En qué lugar recóndito del mundo los anónimos son documentos probatorios, o comienzo oficial de procesos de purga, o son reconocidos por los organismos,directores y oficiales?

Antes, muchos de los diversos grupos usaban el ataque, la confrontación y la violencia verbal y armada. Ahora, toda la oposición, la disidencia y la sociedad civil dentro de Cuba solo aceptan métodos pacíficos. Han desterrado los métodos violentos, los ataques verbales, las descalificaciones a los adversarios. Mientras, esos métodos son cada vez más usados por los que ostentan la obligación de preservar al país de ese mal ambiente de confrontación, división y descalificación entre cubanos y cubanas. Es perfectamente comprobable, no solo en todos los medios de comunicación, sino en palabras personales, documentos y declaraciones.

Esta inversión de los roles sociales no es casualidad, ni descuido, ni permisividad negligente. Son métodos “comunes”, aceptados, habituales. Responden al cambio de correlación de fuerzas sociales y políticas. Son un signo del estado actual de las instituciones de este país.

¿Por qué hay que esconder la propia identidad, si creemos que lo que estamos haciendo es el cumplimiento del deber?

¿Por qué hay que cambiar de lugares de citas, si creemos que estamos haciendo algo dentro de la ley?

¿Por qué se evitan las identificaciones personales y se acude a seudónimos y anónimos, si creemos de verdad que lo que estamos haciendo es para el bien de nuestro país y nuestra causa?

¿Por qué no se entregan las advertencias o prohibiciones por escrito, debidamente argumentadas y justificadas por la ley correspondiente y los artículos violados, en un papel timbrado y con el cuño o sello oficial, si consideramos que no violamos ningún derecho universalmente reconocido?

¿Por qué temen al diálogo con los entrevistados, por qué se teme a las ideas y se anteponen los epítetos, los insultos, se califican de mercenarios y corruptos a personas comprobablemente éticas?

¿Por qué los ciudadanos debemos aceptar y creer en anónimos sin firma, rostros bajo seudónimos, amenazas sin leyes o prohibiciones sin papeles?

¿Qué tipo de educación jurídica, cívica y política tenemos los cubanos y cubanas que consideramos esto como algo “normal” y más aún, como algo “legal”?

Donde hay miedo a la propia identificación, a los documentos probatorios escritos, al diálogo pacífico con un contenido de ideas y no de amenazas y descalificaciones de los interlocutores, es porque se tiene conciencia de que se ha violado alguna ley, o se ha negado algún derecho o se están usando métodos inaceptables a la luz pública.

Cuba firmó el 10 de diciembre de 2007 los Pactos de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, que obligan a los países firmantes a defender, promover y educar a su pueblo en todos esos derechos a partir del momento en que sean ratificados. Cuba, un año después, no los ha ratificado, ni ha comenzado a adecuar públicamente sus leyes a esos Pactos Internacionales promovidos por la ONU.

Quiero pensar positivamente, a pesar de todo. Y quiero esperar que este cambio de métodos y roles no se deba a la debilidad, incoherencia y contradicciones internas de un sistema de instituciones, sino que se debe a ese corcoveo del tránsito entre lo que ha sido violado y justificado por la fuerza durante 50 años y lo que ya viene.

Quiero desear que mi país, tan bello en la naturaleza y en el alma de nuestro pueblo, tan pacífico por idiosincrasia y tan tolerante y plural por sus orígenes y cultura, pueda dejar atrás esos métodos y papeles confundidos y llegue al fin para todos, víctimas y victimarios, esa etapa de verdadera recuperación de la conciencia ética y cívica de los cubanos y cubanas, de la construcción de una convivencia pacífica y laboriosa; la reconciliación de una nación donde todos podamos decir nuestra verdadera identidad, donde todos podamos disponer de las leyes y documentos oficiales, de los procedimientos justos y legales; donde todos estemos bajo el imperio de unas leyes iguales y justas para todos, donde se echen al cesto de la ignominia los anónimos y seudónimos, donde se promuevan las iniciativas ciudadanas pacíficas y el trabajo de la mayoría no sea prohibir, controlar, amenazar, presionar, disimular, esconder.

Quiero, al inicio de este año 2009, pensar en un país en que todo lo bueno pueda hacerse a la luz del día, donde el sobresalto de los buenos no sea su propia seguridad, ni el miedo de los que deben cuidar de esa seguridad sea hacerlo a la luz de la justicia, “ese mundo moral” del que habló, enseñó y vivió, José de la Luz y Caballero.

Nota
Foto Asuntos Oficiales. De: Jesuhadín Pérez

El vínculo crecimiento económico – bienestar social: 50 años después

Por Gerardo González Núñez

En vísperas del 50 aniversario del triunfo de la gesta revolucionaria cubana, el diario Juventud Rebelde interrogó a destacados economistas cubanos sobre el principal logro de la Revolución en su medio siglo de existencia y con unanimidad respondieron, con diferentes expresiones, el colocar el bienestar social como premisa de las transformaciones económicas.

Ciertamente, uno de los grandes logros sociales de la Revolución es haber garantizado libre acceso a la educación y a la salud a la totalidad de la población, pero bienestar social no es solo ofrecer escuelas, hospitales y médicos de forma gratuita. Bienestar social es ante todo una buena calidad de vida que implica tener garantizadas las necesidades básicas de todo ser humano. En Cuba nadie se muere de hambre, pero para “matarla” muchos tienen que apelar casi exclusivamente a las siete libras de arroz mensuales que se ofrecen por la libreta de abastecimientos o comer un mismo tipo de vianda día tras día; en la isla muchas parejas terminan consumando su unión matrimonial en el altar pero no bajo el mismo techo o compartiendo su vida de casados con suegros, tíos o sobrinos por no tener acceso a una vivienda modesta; un joven se puede devanar los sesos un fin de semana buscando alternativas de recreación bien sanas y después que la encuentra tiene que prepararse a una travesía de varias horas por no contar con una transportación adecuada. No estamos hablando de necesidades suntuarias, sino de las más simples que exige cualquier ser humano.

Pero bienestar social es también poder satisfacer esas necesidades con el fruto de tu trabajo y en Cuba esa es una posibilidad que no se garantiza para todos. Ya desde antes de los años 90, cuando el país disfrutaba de una estabilidad económica garantizada por la bondadosa ayuda suministrada por el campo socialista europeo, era visible la diferencia en los niveles de vida entre los diversos sectores poblacionales. Si, por ejemplo, pertenecías a la burocracia estatal, podías tener acceso a determinados bienes y servicios vedados para la inmensa mayoría del pueblo ya sea a través de mecanismos de obtención interna o por vía de los viajes “oficiales” al exterior; si eras una persona vinculada al mercado negro (que siempre ha existido) podías vivir mucho mejor que aquel apegado al trabajo honrado y a los valores y sacrificios espartanos inculcados por la Revolución.

La llamada pirámide social invertida era una realidad incuestionable que se profundizó a partir de las medidas anticrisis adoptadas a partir de 1993, pero en especial con la introducción de la tenencia legal de divisas y con ella el dilema de Hamlet en la vida cotidiana de los cubanos: “tener o no tener divisas”. La respuesta a ese dilema ha impulsado a miles de profesionales a emigrar a trabajos de menor preparación pero mejor remunerados (sobre todo en “chavitos”) que le garantizan una mejoría de su situación económica y la de su familia, emigración que ha provocado una grave crisis laboral en sectores tan estratégicos como la educación.

La causa de que la mayoría de la población cubana aún enfrenten una crisis de su cotidianidad no es solo la tozudez por mantener una política extremadamente igualitaria, que incluso viola la máxima socialista de que cada cual reciba según su trabajo o por apostar a un solo proveedor (el Estado) de bienes y servicios esenciales; la causa también estriba en la fuente del bienestar social: la economía y sus resultados.

Si la economía crece de una forma sostenida y sólida el país contará con suficiente riqueza para poder distribuir e incrementar el bienestar social, si por el contrario, el crecimiento económico no es suficiente o salpicado con problemas, lo que a la larga provoca es que el país termine distribuyendo pobreza. Y esto último es lo que está ocurriendo en la Mayor de las Antillas. Al margen de las estadísticas y metodologías cuestionables de cómo se mide el crecimiento en Cuba, lo cierto es que el mismo tiene lugar con inconsistencias y serias deficiencias estructurales, caracterizadas por ineficiencias en la agricultura, baja oferta y competitividad en las exportaciones, pobre oferta alimentaria e inmobiliaria, entre otras.

Después de 50 años, el vínculo crecimiento económico-bienestar social es débil, problematizado. Hay intención de mejorar el bienestar de la población, pero dicho objetivo es aún una asignatura pendiente de la Revolución.